Héctor Becerril planea 'vengarse' de los fiscales que lo investigan

El parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Becerril, presentó un proyecto de ley que plantea como falta muy grave que un fiscal comparta, transmita, comunique, filtre o entregue a terceros la información reservada sobre una investigación a su cargo.

La iniciativa busca introducir en el artículo 33 de la Ley de Carrera Fiscal el deber de “ejercer la custodia y guardar reserva de toda la información reservada proveniente de una investigación a su cargo”.

Dicha norma en su artículo 50 sostiene que la sanción por falta grave sea la suspensión en el cargo por cuatro meses, seis meses e incluso puede llegar a la destitución. Al respecto, la iniciativa de Becerril plantea que se consideren como falta grave el “compartir, transmitir, entregar o de cualquier otro modo poner en conocimiento de terceros, la información reservada que esté vinculada a una investigación a su cargo”.

Sanción a fiscales

Según el parlamentario, pese a que los fiscales deben cumplir con la reserva, la información como parte componente de la investigación es difundida y publicitada mediante terceros en los medios de comunicación. Agregó que actualmente solo es falta grave que los fiscales comenten en medios de comunicación aspectos procesales o de fondo de la investigación.

“Si un fiscal decide compartir, transmitir, comunicar, filtrar, entregar o poner en conocimiento de terceros ajenos a la investigación el contenido de las carpetas a su cargo, dicha conducta no puede ser sancionada debido a que no está considerada en la norma como una falta”, sostiene.

Cumplimiento de la reserva

Ante esta situación, el legislador fujimorista considera que, a fin de proteger el principio de legalidad, se debe establecer la responsabilidad administra en caso de que no se guarde la reserva, constituyéndose en falta muy grave para sancionar al infractor.

Becerril también sostiene que la vulneración de la reserva en una investigación permite que la misma sea materia de “juicios mediáticos”, que, en la mayoría de los casos, atenta contra la presunción de inocencia y afecta el derecho al honor de las personas investigadas.

Fuente: RPP.PE