Conoce las políticas públicas para enfrentar el coronavirus en el Perú
El informe solicitado por el Ministerio de Salud
(Minsa) sobre el diagnóstico de la sociedad peruana en tiempos de la COVID-19
puede servir como un punto de partida para la elaboración de políticas públicas
que incluyan a los sectores más vulnerables del país.
Así lo señaló Ricardo Cuenca, uno de los autores
convocados por el ministro Víctor Zamora. Tuvo a su cargo la sección “Niñas,
niños, adolescentes y jóvenes: una nueva controversia”, junto a sus colegas
investigadores Adriana Urrutia, Pilar Collantes y Manuel Burga.
El documento completo se llama “Por una nueva
convivencia: la sociedad peruana en tiempos de la COVID-19”.
El título hace referencia a algo que a los
coordinadores del proyecto (Manuel Burga, Aldo Panfichi y Felipe Portocarrero)
impresionó durante el proceso de acopio de los trabajos: la confirmación de
que, incluso en los momentos más complicados, los grupos más vulnerables son
capaces de demostrar solidaridad hacia los demás.
Eso, dijo el historiador Manuel Burga a La República,
habla de “un reconocimiento del otro en tiempos de dificultades”. Estos actos
de desprendimiento hacen pensar en la posibilidad de que sea factible construir
“una nueva convivencia”, sobre la base de esas prácticas ciudadanas, comentó.
Como se señala en el epílogo del libro (que se
puede descargar gratuitamente de la web), en su discurso de aceptación del
Premio Nobel, el escritor francés Albert Camus sostuvo que la escritura “por
definición no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia sino al
servicio de quienes la sufren”.
No es un recordatorio gratuito, indicó también
Burga. El encargo recibido por el Minsa no fue para que los científicos
sociales expusieran sus ideas sino para darle voz “a los informales, venezolanos,
a las mujeres, niños, jóvenes, a las poblaciones de la Amazonía”.
Ejes
temáticos
El texto se encuentra dividido en siete ejes
dedicados a determinados sectores de la población, los más afectados en la
crisis actual: los trabajadores informales, los migrantes venezolanos, las
mujeres, los niños, adolescentes y jóvenes, la población penitenciaria, los
pueblos indígenas y amazónicos, y los adultos mayores. Cada uno desarrolla un
diagnóstico de la situación y propone algunas recomendaciones que podrían ser
implementadas, no solo a corto plazo (pensando en lo que será la vida en un
contexto pandémico) sino, también, con una mirada de más largo aliento.
Es imposible resumir todo en este artículo, pero
algunas ideas son las siguientes. En el caso del sector informal, se plantean
programas de empleo temporal que permiten la reactivación de la economía y su
bancarización. Además, “fortalecer espacios de sobrevivencia como los comedores
populares” a fin de evitar que miles de personas tengan que salir a buscar
comida a la calle, pero siempre respetando la necesidad del distanciamiento
social para evitar posibles contagios.
Respecto a los migrantes, se sugiere “realizar un
mapeo efectivo” de quienes se encuentren en una situación de precariedad y
articular con los organismos internacionales, ONG y otros actores la entrega de
asistencia que ayude a superar el momento inmediato. Ya más a mediano plazo,
una de las ideas consiste en profundizar “los esfuerzos para garantizar el
acceso a servicios de salud a la población migrante, sin importar su calidad
migratoria”.
En el caso de las mujeres, el informe dice que
sería pertinente “extender infraestructura de casas refugio”, que ofrezcan
albergue a quienes se vean afectadas por hechos de violencia. Esto de la mano
con la descentralización de la Línea 100 y la implementación de líneas
atendidas por municipios y gobiernos locales para una mayor cobertura y más
rápida intervención y atención de casos.
Sobre los
pueblos indígenas y amazónicos y los penales
Sobre el tema de la población penitenciaria (fuera
de las medidas más urgentes, como garantizar los implementos de bioseguridad
para el personal que trabaja en penales o apurar la excarcelación de personas
en riesgo de vida o de mujeres embarazadas), se recomienda en un mediano y
largo plazo “revisar la política criminal del Estado respecto a la prisión
preventiva” para evitar encarcelaciones injustas.
Para los pueblos indígenas y amazónicos, se
sostiene que se debe promulgar un decreto de urgencia para su “atención
diferenciada” que permita mejorar “la organización de la respuesta estatal en
los aspectos sanitarios, sociales y económicos”. Y también, crear una “comisión
de alto nivel, de carácter ejecutivo y con énfasis subnacional, que organice,
articule y comunique las respuestas sectoriales”.
Fuente: LaRepublica.Pe
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