Crisis política y social va dejando 23 muertos hasta el momento en Bolivia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó este sábado cuatro fallecidos más en las manifestaciones en Bolivia respecto a su balance de la víspera, totalizando en "por lo menos 23" los muertos desde el estallido de la crisis en octubre en este país.

"Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", informó esta entidad en Twitter.

Las cifras de los últimos fallecimientos aportadas por la CIDH coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba (centro), que también cifró en nueve el número de muertos tras los enfrentamientos ocurridos el viernes en esa región.

Sin embargo, difieren de las del gobierno que sigue manteniendo en cinco el número de fallecidos ese día. Al respecto, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo en la noche del sábado a periodistas que pedirá "a los forenses acelerar su trabajo", sin dar un nuevo balance.

"Estimula la represión violenta"

También en Twitter, la CIDH denunció como "grave" un decreto del gobierno interino de Jeanine Áñez que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público a la vez que las exime de responsabilidades penales. "El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DD.HH. y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo un tuit.

Según el Decreto 4078, aprobado el jueves pasado y divulgado por canales no oficiales este sábado, el gobierno provisorio autoriza la participación militar en el restablecimiento del orden público y exime a las fuerzas militares de responsabilidad penal.

"El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o en estado de necesidad", indica el artículo 3 de dicho Decreto.

La norma fue promulgada en medio de la convulsión social, que se ha exacerbado tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. El propio Morales criticó el mismo decreto en Twitter y aseguró que "es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".

AFP